Las sociedades son entes colectivos, autónomos respecto de sus miembros y en este sentido, de la misma forma como ocurre con las personas individuales, su patrimonio también es objeto de tutela por parte del Derecho penal. En el trayecto por proteger ese patrimonio colectivo, la defensa penal ha de ser consciente de la responsabilidad social que cumple este bien jurídico pues en muchas ocasiones concurren personas ajenas al conflicto penal (trabajadores, proveedores, entre otros) cuya subsistencia y la de sus familias depende a su vez de la subsistencia del patrimonio societario.